El paludismo llegó a azotar tanto a la comunidad de Pozo Verde que sus habitantes salieron a protestar para exigir al Estado una jornada de fumigación, y de entrega de tratamiento. “Plaga paludismo”, llegaron a escribir en mayúsculas y con pintura en el pavimento de la vía principal, durante una protesta en 2018.
El año pasado (2021) en Pozo Verde se concentró el 56% de las nuevas infecciones diagnosticadas en Caroní. El municipio tenía 14.282 casos de malaria según datos oficiales, pero no publicados por Salud Ambiental.
Aunque los números actuales parecen elevados – y lo son -, las cifras son inferiores a las reportadas en 2019, cuando todo el municipio llegó a registrar 28.093 casos de malaria. Eso quiere decir que, en dos años, los casos disminuyeron 49%.
¿Qué cambió la tendencia de los casos? Salud Ambiental junto a la Organización Panamericana de Salud (OPS) hicieron algunas jornadas de fumigación en los sectores más críticos, se entregaron mosquiteros con insecticida a poblaciones vulnerables y con el tiempo, mejoró la distribución de tratamiento: instalaron 14 centros de atención, diagnóstico y tratamiento en la parroquia.
Para 2021 unas ocho mil personas en Pozo Verde tenían paludismo. Todavía en el pueblo, apuestan a quién le ha dado la enfermedad más veces. Los síntomas de la enfermedad que puede ser mortal, forman parte de su cotidianidad.
“El paludismo llegó, de las minas lo trajeron y no se quiso ir”, dice Sorelis Díaz, Médico Integral Comunitaria del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) 19 de abril, un sector de Pozo Verde.
“Los casos han disminuido porque se potenció la accesibilidad a los servicios y tenemos cómo hacer seguimiento a la gente para evitar recaídas”, opina Juana Farias, directora de la red ambulatoria del municipio Caroní y ex coordinadora del departamento de malaria de la parroquia Pozo Verde.
Pero, aunque el tratamiento abunda en la actualidad, los mosquiteros con insecticida de larga duración escasean, y las cuadrillas de fumigación no llegan a estos sectores rurales desde hace tres años. La última vez que surtieron mosquiteros fue durante las inundaciones de septiembre de 2021 y, solo se les entregó a embarazadas y niños menores de cinco años, población propensa a desarrollar síntomas graves de malaria.
“Hacemos lo que podemos, hemos repartido mosquiteros. No a toda la población porque no hay suficientes, pero sí en comunidades donde predomina más el paludismo, como Mina Abajo, Mina Arriba, Sierra Caroní y Pozo Verde”, señala Farias.
Aunque los casos han disminuido, la transmisión se mantiene activa y requiere mayor inversión en estrategias de control vectorial.
“Mira, no tengo datos a mano, pero sé que tenemos bastantes casos en la comunidad. Yo diría que 90% de la gente que vive en Sierra Caroní tiene malaria”, calcula Estella Roques, enfermera voluntaria del ambulatorio principal de Sierra Caroní, uno de los sectores más grandes de Pozo Verde.
La OPS eliminó las fumigaciones de sus programas de atención de malaria porque, aunque eficiente, su implementación es costosa. Es por eso que la ayuda humanitaria se centra en la entrega de mosquiteros con insecticida que además tienen un efecto repelente y dura hasta 10 años.
El Estado no invierte en cuadrillas de fumigación.